Pocas cartas generan tanta inquietud como una comunicación del Servicio de Rentas Internas. ¿Puede terminar en la cárcel una persona que debe impuestos? ¿Un empresario que atraviesa una mala temporada y no logra pagar el IVA está cometiendo un delito? La respuesta corta es no. Pero la respuesta completa exige distinguir entre dos situaciones que la ley trata de forma muy distinta, deber y defraudar.
Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias.
La regla constitucional es clara. Pagar los tributos establecidos por la ley es un deber de todos los ecuatorianos, según el art. 83 numeral 15 de la Constitución, pero su incumplimiento se cobra con los instrumentos de la administración tributaria, intereses, multas, recargos, medidas cautelares y procedimiento coactivo, nunca con la libertad de la persona.1 Quien debe impuestos y no puede pagarlos tiene un problema económico y administrativo, no penal.
¿Entonces por qué existen personas procesadas y condenadas por delitos tributarios? Porque el Código Orgánico Integral Penal no castiga la deuda, sino el engaño. El art. 298 describe el delito de defraudación tributaria con cinco verbos.2
La persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe a la Administración Tributaria para dejar de cumplir con sus obligaciones o para dejar de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un tercero, será sancionada cuando:
A continuación la norma enumera veinte conductas concretas. Agrupadas, son estas. Usar identidad o documentos falsos al inscribirse o actualizar el RUC, operar un local clausurado o usar comprobantes no autorizados por la administración (numerales 1 a 4). Entregar informes o declaraciones con datos falsos, incompletos o adulterados, falsificar guías, facturas o etiquetas de control, alterar la contabilidad, llevar doble contabilidad o destruir los libros para evadir el pago (numerales 5 a 11). Emitir, aceptar o presentar facturas por operaciones inexistentes o con empresas fantasmas (numerales 12 a 14). Omitir ingresos o inflar costos, gastos, deducciones y retenciones, extender beneficios fiscales a quien no tiene derecho o simular contratos para obtenerlos (numerales 15 a 17). Y, por último, no entregar deliberadamente los impuestos retenidos o percibidos después de diez días de vencido el plazo, obtener devoluciones indebidas de tributos o usar personas interpuestas o sociedades fantasmas para evadir (numerales 18 a 20).2
El elemento común a todas ellas es que la persona hace algo para que el fisco crea una realidad distinta de la verdadera. Por eso el numeral 6, que se refiere a declaraciones con datos falsos o incompletos, incluye una salvaguarda importante. Solo hay delito si el contribuyente no ejerció, dentro del año siguiente, su derecho a presentar una declaración sustitutiva.2 Ese derecho está en el Código Tributario, que permite rectificar los errores de hecho o de cálculo dentro del año siguiente a la presentación de la declaración, siempre que la administración no haya establecido y notificado antes el error.4 Dicho de otra forma, equivocarse y corregir no es defraudar.
Las penas dependen del grupo de conductas y, en varios casos, del monto.2
La misma norma agrega otras consecuencias. Si participa un funcionario de la administración tributaria, la defraudación es agravada, se impone el máximo de la pena y el servidor es destituido. Las personas jurídicas responden con la extinción y una multa de cincuenta a cien salarios básicos. Los representantes legales y el contador responden como autores respecto de las declaraciones que ellos realizaron, sin perjuicio de la responsabilidad de socios, empleados o profesionales que hayan participado deliberadamente. Y cada caso se juzga sin perjuicio del pago de los impuestos debidos, es decir, la condena no borra la deuda.2
El art. 299 regula una figura vecina, la defraudación aduanera. Se configura cuando una persona natural o jurídica perjudica a la administración aduanera en la recaudación de tributos sobre mercancías cuya cuantía supera ciento cincuenta salarios básicos, mediante conductas como importar con documentos falsos, no declarar la cantidad correcta, ocultar mercancías dentro de otras, obtener indebidamente la liberación de tributos, inducir a error en la devolución condicionada o subvalorar la mercancía. La pena es de seis meses a dos años y una multa de diez veces el valor de los tributos que se pretendió evadir. También se castiga a quien fracciona la operación en varios actos pequeños para quedar bajo el umbral, y si están involucrados servidores públicos se aplica la pena máxima.2
¿No es contradictorio castigar con cárcel conductas cuyo resultado es, al final, no pagar un tributo? Esa fue exactamente la pregunta que un ciudadano planteó a la Corte Constitucional en agosto de 2019. Demandó la inconstitucionalidad de ocho numerales del art. 298 (el 6, 13, 14, 15, 16, 18, 19 y 20) y de tres del art. 299 (el 3, 5 y 6), por considerar que sancionaban con privación de libertad actuaciones derivadas de la falta de pago de tributos, en contra del art. 66.29.c de la Constitución.3 La Asamblea Nacional y el SRI defendieron las normas con un argumento sencillo, que lo castigado no es la deuda sino la violación dolosa de las normas fiscales.
La Corte resolvió el caso el 17 de julio de 2025, en la Sentencia 41-19-IN/25, con ocho votos a favor. Empezó por fijar el sentido de la garantía constitucional. En el párrafo 19 explicó que esa norma prohíbe que una persona pueda ser privada de la libertad como un medio para obtener el pago de una deuda, prohibición fundada en la dignidad humana y en la no discriminación, de modo que nadie debe ser penalizado por carecer de los recursos para cumplir una obligación. Y añadió que eso difiere del cometimiento de un delito doloso.3
Luego analizó el art. 298. En el párrafo 22 señaló que la defraudación es una conducta dolosa por la cual se crea una falsa apariencia de la situación tributaria para engañar al fisco, y que ese engaño lesiona los intereses económicos del Estado, que es el bien jurídico protegido en los delitos tributarios. En el párrafo 23 llegó a la conclusión central.3
La defraudación es una conducta más amplia que el mero hecho de no cumplir una obligación tributaria o cancelar un tributo. El no pagar una obligación tributaria no es delito. El defraudar para evitar pagarla, sí. Lo cual, no obsta que el incumplimiento de una obligación tributaria genere responsabilidades en otras materias, como la tributaria o administrativa.
Sobre la defraudación aduanera el razonamiento fue el mismo. En el párrafo 26 la Corte indicó que los numerales 3, 5 y 6 del art. 299 no sancionan la falta de pago de tributos aduaneros, sino la actuación dolosa de causar un perjuicio al fisco a partir de comportamientos engañosos. Por eso, en el párrafo 27, respondió que ninguna de las normas impugnadas contraviene el art. 66.29.c de la Constitución y desestimó la demanda.3 Dos precisiones conviene retener. La Corte aclaró en el párrafo 28 que su decisión produce cosa juzgada solo respecto de los cargos analizados, y no se pronunció sobre el fondo de las impugnaciones al Código Tributario y al reglamento de comprobantes de venta, porque la demanda no presentó argumentos claros, específicos y pertinentes sobre ellas.3
¿Cómo llega en la práctica un caso tributario a la Fiscalía? El punto de partida casi siempre es el SRI. El Código Tributario le atribuye la facultad determinadora, que comprende verificar, complementar o enmendar las declaraciones de los contribuyentes y adoptar las medidas legales que estime convenientes.4 En la determinación directa la administración trabaja con la declaración del propio contribuyente, su contabilidad y, sobre todo, con el cruce de información con otros contribuyentes, entidades públicas y terceros.4 Es ese cruce el que suele revelar las inconsistencias, por ejemplo, compras declaradas a un proveedor que no existe, ingresos que aparecen en las cuentas bancarias y no en la declaración, o retenciones efectuadas y nunca entregadas.
Cuando la diferencia se explica por un error o por una interpretación discutible de la norma, el asunto se resuelve en la vía tributaria, con el acta de determinación, el recargo del veinte por ciento sobre el principal que prevé el Código Tributario y, si hay desacuerdo, el reclamo administrativo o la impugnación judicial.4 Cuando la administración considera que hay indicios de simulación, ocultamiento o falsedad, presenta la denuncia. El COIP, en su art. 581, prevé que la noticia de una infracción llegue a la Fiscalía por denuncia o por los informes con indicios de responsabilidad penal de los órganos de control, sin perjuicio de que el fiscal inicie la investigación por su cuenta.2 Desde ese momento el contribuyente deja de tratar con un auditor y pasa a ser investigado en un proceso penal.
¿Qué hacer si la Fiscalía notifica una investigación previa por defraudación tributaria? Lo primero es no restarle importancia ni comparecer solo. En la mayoría de los casos los hechos están documentados, de modo que la defensa se construye sobre la contabilidad, los comprobantes, las declaraciones originales y sustitutivas y los actos del SRI. Hay que reunir ese material completo y revisarlo con un penalista antes de rendir cualquier versión. También es importante contar los plazos. El ejercicio de la acción penal prescribe, como regla, en el mismo tiempo del máximo de la pena prevista para el delito, y en ningún caso en menos de cinco años.2 Y conviene recordar que el delito exige dolo. Demostrar que la diferencia detectada obedece a un criterio contable defendible o a un error corregido cambia por completo la naturaleza del problema, de penal a tributario. La imposibilidad real de pago también es una defensa frente al tributo propio, pero no frente a las retenciones y percepciones del numeral 18, porque ese dinero pertenece a terceros y la norma castiga la falta de entrega deliberada. En esos casos la discusión se concentra en el dolo.
En síntesis, la frontera que la Corte Constitucional confirmó es la misma que separa al deudor del defraudador. Deber impuestos tiene costos, pero no es delito. Montar una apariencia para que el fisco cobre menos de lo debido, sí lo es. Si usted o su empresa han sido notificados por la Fiscalía en una investigación tributaria, en TREU Abogados podemos analizar su caso.
Preguntas frecuentes
¿Deber impuestos al SRI es delito en Ecuador?
No. La Constitución, en su art. 66 numeral 29 letra c, garantiza que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, multas, tributos ni otras obligaciones, salvo las pensiones alimenticias. Una deuda tributaria impaga se cobra por la vía administrativa y coactiva, con intereses, multas y recargos, pero no con prisión.
¿Qué es la defraudación tributaria?
Es el delito del art. 298 del COIP. Lo comete quien simula, oculta, omite, falsea o engaña a la Administración Tributaria para dejar de cumplir sus obligaciones o para dejar de pagar, en todo o en parte, los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un tercero, a través de alguna de las veinte conductas que la norma enumera.
¿Qué pena tiene la defraudación tributaria?
Depende de la conducta. Va de uno a tres años para los numerales 1 al 11, de tres a cinco años para los numerales 12 al 14, de cinco a siete años para los numerales 15 al 17 y para los numerales 18 a 20. Si los impuestos retenidos, percibidos o devueltos dolosamente superan cien salarios básicos unificados, la pena de los numerales 18 a 20 sube a siete a diez años. En varios tramos, superar cien salarios básicos lleva al máximo de la pena.
¿Qué dijo la Corte Constitucional sobre la prisión por deudas y la defraudación tributaria?
En la Sentencia 41-19-IN/25, de 17 de julio de 2025, la Corte desestimó la demanda contra los numerales 6, 13, 14, 15, 16, 18, 19 y 20 del art. 298 y los numerales 3, 5 y 6 del art. 299 del COIP. Concluyó que esas normas no castigan tener una deuda impaga, sino el engaño doloso dirigido a evadir tributos, y que por eso no contravienen el art. 66.29.c de la Constitución.
Me equivoqué en una declaración. ¿Cometí un delito?
No necesariamente. El numeral 6 del art. 298 solo se configura si el contribuyente no ejerció, dentro del año siguiente a la declaración, su derecho a presentar una declaración sustitutiva. Además, el delito exige dolo, es decir, la intención de engañar al fisco. Un error de hecho o de cálculo corregido a tiempo se maneja en la vía tributaria.
¿Qué hago si la Fiscalía me notifica por defraudación tributaria?
No declare ni entregue documentos sin asesoría. Reúna sus declaraciones, comprobantes, contabilidad y las actas o comunicaciones del SRI, y acuda de inmediato a un abogado penalista. Las primeras actuaciones de la investigación previa suelen definir el rumbo del caso.
Fuentes citadas
- Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449, 20 de octubre de 2008. Arts. 66 numeral 29 letra c, 83 numeral 15 y 300.
- Código Orgánico Integral Penal (COIP). Registro Oficial Suplemento 180, 10 de febrero de 2014, texto consolidado con sus reformas. Arts. 298, 299, 417 y 581.
- Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia 41-19-IN/25, de 17 de julio de 2025 (acción pública de inconstitucionalidad contra los arts. 298 y 299 del COIP, el art. 164 del Código Tributario y el art. 6.2 del Reglamento de comprobantes de venta). Párrs. 7, 8.1, 13, 19 a 23, 26, 27 y 28.
- Código Tributario. Codificación 2005-09, Registro Oficial Suplemento 38, 14 de junio de 2005, texto consolidado con sus reformas. Arts. 68, 89, 90 y 91.
Las disposiciones del COIP y del Código Tributario citadas corresponden a los textos consolidados vigentes, con sus reformas. Las citas de la Sentencia 41-19-IN/25 son literales y se identifican por párrafo. Este análisis es informativo y no reemplaza la revisión de un caso concreto.