Ley Antimafias. Lo que cambió en el COIP desde el 11 de noviembre de 2026

El 11 de noviembre de 2026 el Registro Oficial publicó, en su Octavo Suplemento N° 407, la Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado, que la propia ley llama Ley Antimafias. La Asamblea Nacional la aprobó el 9 de noviembre y el Presidente de la República la sancionó dos días después. Su Disposición Final Única dispone que entra en vigor desde su publicación, de modo que ya está vigente. Es una reforma extensa, con cuarenta artículos y cinco disposiciones transitorias, que toca el Código Orgánico Integral Penal, el Código Orgánico de la Función Judicial y la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. En este análisis explicamos los cambios que, en nuestra lectura, más afectan a las personas que pueden verse investigadas o procesadas, y dejamos para el final los cambios en materia de hidrocarburos y de administración de bienes incautados.¹

Penas acumuladas de hasta sesenta años

El cambio más visible está en el concurso real de infracciones. Hasta ahora, el artículo 20 del COIP ordenaba acumular las penas de varios delitos hasta un máximo del doble de la pena más grave, sin que por ninguna razón se excedieran los cuarenta años. La reforma mantiene esa regla general, pero le agrega una excepción.¹²

La misma regla se replicó en el artículo 55, sobre acumulación de penas, y en el artículo 59, que ahora dice que las penas privativas de libertad tienen una duración de hasta cuarenta años y que, en el caso de la acumulación por tres o más delitos dolosos, la pena resultante no excederá del doble de la pena más grave ni, en ningún caso, de sesenta años. Conviene leerlo con precisión. No se elevó la pena de ningún delito individual a sesenta años. Lo que cambió es el techo de la suma cuando una misma persona es sentenciada por tres o más delitos dolosos independientes. En la práctica, el nuevo límite operará sobre todo en casos de sicariato, secuestro, narcotráfico o delincuencia organizada juzgados en conjunto.¹

Delincuencia organizada, un artículo nuevo

El artículo 369 del COIP fue sustituido por completo. La versión anterior castigaba en un solo inciso a quien formara, financiara, dirigiera o planificara un grupo estructurado de tres o más personas, con pena de veintidós a veintiséis años, y a los demás colaboradores con diez a trece. La nueva versión separa las conductas en tres niveles.¹²

El primero es constituir el grupo. Quien, mediante acuerdo o concertación, constituya un grupo estructurado de tres o más personas, existente durante cierto tiempo y que actúe concertadamente para cometer uno o más delitos sancionados con más de cinco años, con el fin de obtener un beneficio económico o material, recibe de veintidós a veintiséis años. El segundo es dirigir o financiar. Quien ejerza funciones de dirección, mando, control, coordinación estratégica o planificación, o financie de manera permanente o reiterada el funcionamiento del grupo, recibe de veintiséis a treinta años. El tercero es el colaborador externo, que es la figura que más atención merece.¹

Dos cosas importan aquí. La primera es que la norma exige conocimiento de la existencia y de la finalidad delictiva del grupo y, además, el propósito de facilitar su funcionamiento. No basta haber prestado un servicio a alguien que después resulta investigado. La segunda es la última frase, que no existía en la versión anterior. La prestación lícita de servicios profesionales, incluida la defensa técnica, no es colaboración externa por sí sola. Es una garantía expresa para contadores, asesores, ingenieros y abogados que trabajan dentro de la ley. Cuando el grupo tiene como propósito el narcotráfico, el terrorismo, la minería ilegal, el sicariato, el secuestro, la trata, el tráfico de migrantes, los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, el tráfico de armas o el lavado de activos, las penas suben a veintiséis a treinta años para quien constituye el grupo, treinta a treinta y cuatro para quien lo dirige o financia y diecinueve a veintidós para el colaborador externo.¹

Tres delitos nuevos alrededor del grupo

La ley agregó, a continuación del artículo 369.1, tres artículos que describen conductas que antes se discutían como colaboración o como complicidad. El artículo 369.2 sanciona con diez a trece años a quien, conociendo la finalidad delictiva del grupo, capte, reclute, incorpore o entrene a personas de dieciocho años o más para que cometan delitos en beneficio del grupo, y con trece a dieciséis cuando se abuse de una relación de autoridad, cuidado, confianza o subordinación. El artículo 369.3 sanciona con diez a trece años a quien ponga a disposición del grupo inmuebles, instalaciones, medios de transporte u otra infraestructura, sabiendo que se usarán para su funcionamiento, y con trece a dieciséis si sabe que allí se guardan armas, drogas, maquinaria minera, activos ilícitos o personas retenidas contra su voluntad.¹

El artículo 369.4 crea la pertenencia funcional. Quien, conociendo la existencia y la finalidad delictiva del grupo, se integre a él y cumpla de manera estable o reiterada funciones operativas, como vigilancia, alerta, control de accesos, comunicación operativa, movilidad de integrantes, bienes o recursos, abastecimiento logístico, protección de rutas o enlace entre unidades, recibe de trece a dieciséis años, y de veintidós a veintiséis cuando el grupo se dedica a los delitos más graves. Pero el mismo artículo fija un límite que conviene subrayar.¹

Esta frase será decisiva en muchas defensas. Vivir en el mismo barrio, compartir vivienda, trabajar en el mismo negocio o tener un pariente procesado no convierte a una persona en integrante de una organización. Fiscalía deberá probar funciones concretas, estables o reiteradas, y el conocimiento de la finalidad delictiva.¹

Prisión preventiva y riesgo procesal

Aquí están los cambios que una persona procesada sentirá primero. Al artículo 534 del COIP se le agregó un inciso para los procesos por delincuencia organizada, lavado de activos, terrorismo, trata, secuestro extorsivo, extorsión, sicariato, tráfico de armas, minería ilegal y narcotráfico. En esos casos, para determinar el riesgo procesal, el juez valorará de manera individualizada los elementos de convicción relacionados con la estructura, permanencia, capacidad económica, armada o logística, control territorial o redes de apoyo de la organización, siempre que estén vinculados con la persona procesada y evidencien un riesgo concreto de fuga, de obstaculización de la investigación o de intimidación de víctimas, testigos o peritos. El fiscal puede justificar con esos elementos que las medidas no privativas de libertad son insuficientes.¹

El artículo 536, sobre sustitución de la prisión preventiva, recibió dos reglas nuevas. La falta de pronunciamiento o de comparecencia del fiscal no constituye, por sí sola, fundamento para sustituir la prisión preventiva. Y la sustitución procederá cuando el juez verifique que han variado o desaparecido las circunstancias que la justificaron y que los riesgos procesales pueden controlarse con medidas menos gravosas, valorando de nuevo los elementos sobre la estructura criminal vinculados a la persona. En paralelo, el artículo 523 permite ahora que, junto con la prohibición de salir del país, se disponga la entrega inmediata del pasaporte u otro documento de viaje, con devolución inmediata cuando la prohibición cese.¹

Hay también un ajuste que conviene leer con cuidado. El numeral 14 del artículo 444 dice ahora que el fiscal dispondrá las diligencias investigativas necesarias, incluidas las solicitadas por la persona investigada o la víctima. Esto no es un derecho nuevo. El derecho a la defensa en todas las etapas y el deber de objetividad del fiscal existen desde siempre, y la posibilidad de pedir diligencias siempre estuvo ahí. Lo que hizo el legislador fue ponerlo por escrito en la lista de atribuciones del fiscal, en nuestra lectura para cerrar la puerta a respuestas habituales en la práctica, como que la diligencia se despachará en el momento procesal oportuno o que se niega por impertinente. Desde ahora, negar o postergar sin motivación una diligencia pedida por la defensa contradice el texto expreso de la norma. Además, el nuevo numeral 6 del artículo 459 establece que, en las inspecciones de mercancías o medios de transporte, nadie puede ser obligado a firmar documentos con declaraciones de autoría, posesión o responsabilidad penal, y que la firma del acta solo deja constancia de la presencia, no de aceptación de su contenido.¹

Cooperación eficaz reforzada

El artículo 493 del COIP ya permitía al fiscal proponer una pena no menor al veinte por ciento del mínimo, o al diez por ciento en casos de alta relevancia social. La ley agrega el artículo 493.1, aplicable solo a delincuencia organizada. La persona investigada o procesada que, voluntariamente, con asistencia de su defensa y mediante acuerdo escrito con la Fiscalía, aporte información precisa, verídica y comprobable, o elementos documentales o materiales verificables, puede acceder a una pena no menor al siete por ciento del mínimo previsto para la infracción, que en ningún caso puede ser inferior a un año. La condición es que el aporte contribuya de manera determinante a uno de tres resultados. Identificar, localizar o capturar a quienes ejercen dirección, financiamiento, mando o control. Localizar, inmovilizar o recuperar bienes de la organización. O prevenir un delito grave e inminente o desarticular total o parcialmente al grupo.¹²

Quien ejerció funciones de dirección o financiamiento solo accede al beneficio si su información permite capturar a responsables de jerarquía igual o superior, o contribuye directamente a la desarticulación del grupo. Una vez verificada la eficacia, la pena impuesta no puede ser superior a la acordada con la Fiscalía. Y la reducción no se aplica a las penas por delitos contra la vida ni contra la integridad sexual y reproductiva de niñas, niños o adolescentes.¹

Prescripción, inhabilitación profesional y jueces

El artículo 417 recibe un numeral 7. En los delitos de terrorismo, financiación del terrorismo y delincuencia organizada, la acción prescribe en un tiempo equivalente al máximo de la pena aumentado en la mitad, tanto si el proceso no se ha iniciado como si ya se inició, contado en este último caso desde el inicio de la instrucción fiscal.¹

El artículo 65 incorpora una inhabilitación específica. Cuando un abogado o un contador sea condenado por delincuencia organizada, lavado de activos, cohecho, concusión, tráfico de influencias, asociación ilícita, fraude procesal, obstrucción de la justicia, testaferrismo o enriquecimiento ilícito, y en la sentencia se determine que, como integrante o colaborador de un grupo de delincuencia organizada, realizó dolosamente actos propios de su profesión como medio directo y esencial para cometer, facilitar u ocultar la infracción, el juez dispondrá la inhabilitación para ejercer por un tiempo no menor al mínimo de la pena del delito, contado desde que se cumpla la pena privativa de libertad. La norma añade que no dará lugar a esta inhabilitación el ejercicio legítimo de la defensa técnica ni la prestación lícita de servicios jurídicos o contables. El Código Orgánico de la Función Judicial se reformó en consecuencia, y el Consejo de la Judicatura tiene noventa días para adecuar el registro de inhabilitaciones. La misma ley protege a los jueces que conocen causas de crimen organizado, al permitir restringir el acceso público a sus datos de localización, contacto y biometría cuando exista una amenaza, sin impedir que las partes conozcan quién es el juez.¹

Desplazamiento y confinamiento forzados

La ley crea dos delitos nuevos contra la libertad de movilidad. El artículo 163.2 sanciona con siete a diez años a quien, como parte de la actividad de un grupo de delincuencia organizada y mediante violencia, amenaza grave, intimidación, coacción, despojo, ocupación ilícita o destrucción de la vivienda o de los medios de subsistencia, obligue a una o más personas a abandonar su lugar habitual de residencia, barrio, recinto, comuna o territorio, o impida el retorno de las personas desplazadas. El artículo 163.3 sanciona con cinco a siete años el confinamiento forzado, es decir, imponer restricciones sobre los accesos, vías o zonas de tránsito de un barrio o comunidad y restringir la libre movilidad de dos o más de sus habitantes. Aprovecharse de esa situación para cometer otra infracción es ahora una agravante general del artículo 47.¹

Hidrocarburos, bienes incautados y extinción de dominio

El primer capítulo de la ley reescribe los delitos hidrocarburíferos de los artículos 262 a 267 del COIP. El almacenamiento, transporte o comercialización ilegal de hidrocarburos y derivados se sanciona ahora por escalas, con penas que van de uno a tres años en la escala mínima hasta siete a diez en la gran escala, y de tres a cinco hasta diez a trece cuando ocurre en zonas de frontera, puertos o mar territorial. Se crea una contravención de treinta días para cantidades por debajo de la escala mínima, con la aclaración de que la cantidad por sí sola no basta para presumir delincuencia organizada, y se excluye de estos tipos penales el uso doméstico y comunitario en comunas y comunidades indígenas, afroecuatorianas y montubias. La persona condenada debe pagar como reparación el doble del precio del producto más el subsidio estatal, y la persona jurídica responsable puede recibir multa de quinientos a mil salarios básicos, clausura o disolución.¹

En el segundo libro, la ley crea un régimen especial de administración de bienes incautados en los artículos 557.1 a 557.8 del COIP. Permite la venta anticipada de bienes perecibles o de costosa conservación con autorización judicial en tres días, la regularización y remarcación de vehículos incautados, la asignación temporal de bienes a entidades públicas y a organizaciones sin fines de lucro, la declaratoria de abandono de bienes no reclamados en noventa días y la inversión del dinero incautado en depósitos a plazo fijo. En la Ley de Extinción de Dominio se agrega el artículo 5.1, según el cual, cuando la Fiscalía acredite con elementos objetivos el carácter injustificado de un bien, corresponde al titular aportar, en quince días, los elementos que justifiquen su procedencia lícita, sin que eso exima a la Fiscalía de acreditar los presupuestos de la acción. Las prórrogas de la fase inicial quedan limitadas a periodos de seis meses y a veinticuatro meses en total.¹³

Lo que esto significa para una persona investigada

La Ley Antimafias amplía de forma notable los instrumentos de la Fiscalía y endurece las penas, pero también escribe en la ley límites que antes dependían de la interpretación. Que prestar un servicio profesional lícito no es colaboración. Que ser familiar, vecino o empleado de alguien no es pertenencia. Que nadie puede ser obligado a firmar una confesión en una inspección. Que el fiscal debe practicar las diligencias que pide la defensa, algo que siempre fue así pero que ahora consta de forma expresa. En los procesos que vienen, la diferencia entre una condena de trece años y un sobreseimiento estará muchas veces en probar o desvirtuar el conocimiento de la finalidad delictiva y la existencia de funciones concretas dentro del grupo. Si usted o un familiar fue notificado en una investigación por delincuencia organizada o por alguno de los delitos que esta ley reforma, en TREU Abogados podemos analizar su caso.¹

Preguntas frecuentes

Fuentes citadas

1. Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado, Ley Antimafias. Registro Oficial, Octavo Suplemento N° 407, 11 de noviembre de 2026. Aprobada por la Asamblea Nacional el 9 de noviembre de 2026 y sancionada el 11 de noviembre de 2026. Vigente desde su publicación (Disposición Final Única).
2. Código Orgánico Integral Penal (COIP). Registro Oficial Suplemento 180, 10 de febrero de 2014, texto consolidado con sus reformas. Arts. 20, 55, 59, 65, 369, 417, 493, 523, 534 y 536, en su versión anterior a la reforma.
3. Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Registro Oficial Suplemento 452, 14 de mayo de 2021. Arts. 5, 29, 69 y 74, reformados por la Ley Antimafias.

Las citas corresponden al texto publicado en el Registro Oficial, Octavo Suplemento N° 407, de 11 de noviembre de 2026, y al texto consolidado del COIP anterior a la reforma. Este análisis es de carácter general y no sustituye la revisión de un caso concreto.