Pocas situaciones angustian más a una familia que descubrir que un hijo o una hija adolescente mantuvo relaciones sexuales con otro adolescente y que el asunto terminó en una denuncia. La primera pregunta es casi siempre la misma. ¿Eso es un delito? La respuesta honesta es que depende de dos cosas, la edad de cada uno y la existencia de un consentimiento válido, y que la Corte Constitucional del Ecuador ya trazó la línea en una sentencia que todo padre y madre debería conocer.1
Conviene empezar por lo que el Código Orgánico Integral Penal no deja a interpretación. El artículo 171 define la violación como el acceso carnal, con introducción total o parcial, por vía oral, anal o vaginal, y la sanciona con pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años en tres casos, uno de los cuales es que la víctima sea menor de catorce años. No se exige violencia ni amenaza. La sola edad de la víctima configura el delito. La misma lógica aparece en el artículo 170, que agrava el abuso sexual cuando la víctima es menor de catorce años, con pena de siete a diez años.2
Quien la comete, será sancionado con pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años en cualquiera de los siguientes casos. (…) 3. Cuando la víctima sea menor de catorce años.
¿Y qué pasa entre los catorce y los dieciocho años? Aquí estaba el problema. El artículo 175 del COIP, que reúne las reglas comunes a todos los delitos contra la integridad sexual, decía en su numeral 5 que “en los delitos sexuales, el consentimiento dado por la víctima menor de dieciocho años de edad es irrelevante”. Leída de manera literal, esa regla significaba que dos adolescentes de dieciséis años que mantenían una relación consentida podían ser tratados como víctima y agresor, y que el segundo podía terminar con una medida de internamiento. De hecho, durante la audiencia ante la Corte se expuso que en el país había aproximadamente 280 adolescentes privados de libertad por el delito de violación, varios de los cuales afirmaban haber tenido relaciones consentidas con otros adolescentes, y que el 69 % había sido denunciado por los padres de la presunta víctima.1
El caso que llegó a la Corte nació precisamente así. Un padre denunció a un adolescente de diecisiete años por la presunta violación de su hija, una adolescente que entonces no había cumplido catorce años. El fiscal de adolescentes infractores de Quito pidió al juez de la Unidad Judicial de Adolescentes Infractores que consultara a la Corte Constitucional si el artículo 175 numeral 5 era compatible con la Constitución, y el juez elevó la consulta en octubre de 2018. La Corte mantuvo en reserva los nombres de todos los involucrados, y este análisis hace lo mismo.1
¿Cómo razonó la Corte? Aplicó el llamado test de proporcionalidad a la norma consultada. Reconoció que la regla persigue un fin válido, proteger a las víctimas menores de dieciocho años y reprochar la violencia sexual, y recordó cifras duras sobre violencia contra niñas y adolescentes en Ecuador. Pero encontró que la norma falla en los pasos siguientes. No es idónea respecto de los adolescentes de catorce a dieciocho años, porque parte de la premisa equivocada de que ninguna persona menor de dieciocho años puede consentir, y así ignora que la Constitución reconoce a los adolescentes el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, y el derecho a la intimidad, derechos que ejercen de forma progresiva según la evolución de sus facultades. No es necesaria, porque existe una alternativa menos lesiva, que es evaluar individualmente cada caso escuchando a los adolescentes. Y no es proporcional, porque la palabra “irrelevante” convierte la falta de consentimiento en una presunción que no admite prueba en contrario.1
La Corte fue cuidadosa en marcar los límites de su decisión. Señaló que la norma sí es idónea para proteger a quienes no están en capacidad de consentir, y que el propio artículo 171 del COIP, al tipificar como violación toda relación con una persona menor de catorce años, refleja la decisión del legislador de que antes de esa edad no hay consentimiento válido. También aclaró que su análisis se limita a las relaciones sexuales entre adolescentes y no se aplica a delitos como la pornografía infantil, la trata, la explotación sexual, el acoso sexual o el contacto con finalidad sexual por medios electrónicos, en los que no se discute la existencia de una relación consentida.1
¿Qué decidió entonces? Por seis votos contra tres, la Corte declaró la constitucionalidad aditiva del artículo 175 numeral 5 del COIP. No eliminó la norma. Le añadió una excepción, de modo que ahora se lee así.1
En los delitos sexuales, el consentimiento dado por la víctima menor de dieciocho años de edad es irrelevante, excepto en los casos de personas mayores de catorce años que se encuentren en capacidad de consentir en una relación sexual.
La sentencia no se quedó en el texto. Ordenó a fiscales y jueces de adolescentes infractores que, para valorar si el consentimiento de una persona mayor de catorce años es válido o está viciado, escuchen a los adolescentes, tomen en serio su opinión con base en el interés superior y analicen al menos cinco parámetros. Que el consentimiento haya sido libre, voluntario y autónomo, sin presiones, violencia, amenaza o coerción. Que el adolescente que dice haber consentido esté en capacidad de hacerlo según su madurez y autonomía progresiva. Que no existan relaciones asimétricas de poder o sometimiento, para lo cual deben mirarse la diferencia de edad, el sexo, el parentesco, el grado de madurez, la experiencia, la existencia de una discapacidad y el contexto social y cultural, entre otros. Que la valoración sea individual y garantice el derecho a ser escuchado. Y, cuando un adolescente aparece como presunto autor por mantener relaciones con otro adolescente, que la autoridad aplique los principios de la justicia especializada y tenga en cuenta la diferencia de edad entre ambos.1
Hay un matiz que las familias deben entender bien. La Corte no dijo que toda relación entre adolescentes mayores de catorce años sea lícita. Advirtió que incluso esas relaciones pueden ser producto de prácticas abusivas, manipulación, intimidación o engaño, y que puede existir un consentimiento solo aparente, nacido del miedo o la vergüenza. Por eso impuso a fiscales y jueces el deber de verificar que no haya presión indebida, y señaló que la escucha del adolescente debe quedar documentada y valorada en la decisión. También recordó que el testimonio de la presunta víctima debe recibirse una sola vez, conforme al artículo 510 del COIP, para evitar su revictimización. En el caso concreto que originó la consulta, la Corte observó que la adolescente no había cumplido catorce años al momento de los hechos, por lo que no podía considerarse en capacidad de consentir, y dejó que el fiscal continuara reuniendo elementos.1
¿Ante quién responde un adolescente acusado de un delito sexual? No ante la justicia penal de adultos. El artículo 38 del COIP remite a las personas menores de dieciocho años en conflicto con la ley penal al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, y ese Código establece que los adolescentes, es decir las personas entre doce y dieciocho años, son penalmente inimputables y no serán juzgados por jueces penales ordinarios ni recibirán las sanciones de las leyes penales, aunque sí están sujetos a medidas socioeducativas por su responsabilidad. Los niños menores de doce años son absolutamente inimputables y no responden de ninguna forma.23
Las personas menores de dieciocho años en conflicto con la ley penal, estarán sometidas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.
El procedimiento tiene reglas propias. La acción corresponde únicamente al fiscal de adolescentes infractores, que puede abrir una investigación previa de hasta cuatro meses en delitos con pena de hasta cinco años y de hasta ocho meses en los demás, y que, de existir elementos suficientes, pide una audiencia de formulación de cargos. La instrucción dura cuarenta y cinco días improrrogables, o treinta si hubo flagrancia. La conciliación solo cabe en delitos con pena de hasta diez años, por lo que no es posible cuando la acusación es por violación. El internamiento preventivo puede ordenarse a adolescentes que han cumplido catorce años cuando el delito investigado tiene pena superior a cinco años, aunque es revocable en cualquier momento.3
¿Qué medidas puede recibir un adolescente declarado responsable? El Código distingue medidas no privativas de libertad, como la amonestación, las reglas de conducta, la orientación familiar, el servicio a la comunidad y la libertad asistida, y medidas privativas de libertad, que van del internamiento domiciliario y de fin de semana hasta el internamiento institucional en un centro de adolescentes infractores. La medida depende de la pena que el COIP prevé para el delito. Para delitos con pena superior a diez años, como la violación, se aplica amonestación e internamiento institucional de cuatro a ocho años, con una evaluación integral seis meses antes de concluir y, en los delitos contra la integridad sexual, la obligación de asistir a programas de educación sexual. La finalidad declarada de estas medidas no es el castigo sino la protección, la educación y la reintegración del adolescente.3
Si su hijo o hija es investigado, hay garantías que nadie puede saltarse. Se presume su inocencia. Debe ser informado de inmediato, en términos que entienda, sobre los motivos de la investigación, sobre su derecho a permanecer en silencio y a pedir un abogado, y sus representantes legales deben ser informados también. Tiene derecho a una defensa profesional durante todo el proceso y, si no la tiene, se le asigna un defensor público especializado en veinticuatro horas. La falta de defensor anula todo lo actuado. Y el proceso es reservado. Las audiencias son cerradas, está prohibida cualquier difusión que permita identificar al adolescente o a su familia, y al quedar en libertad tiene derecho a que su expediente sea cerrado y destruido.3
La Corte Constitucional también exhortó a la Asamblea Nacional a adecuar el COIP a estos criterios y dispuso que la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura y la Defensoría Pública difundieran la sentencia entre fiscales, jueces y defensores de adolescentes infractores. Que esos parámetros se apliquen de verdad en cada caso depende, en buena medida, de que la defensa los conozca y los exija. Si su familia enfrenta una situación de este tipo, en TREU Abogados podemos analizar su caso.1
Preguntas frecuentes
¿Las relaciones sexuales entre dos adolescentes son delito en Ecuador?
Depende de la edad y del consentimiento. Si uno de los dos es menor de catorce años, la ley presume que no puede consentir y la conducta encaja en el delito de violación del art. 171 numeral 3 del COIP, aunque quien responda sea otro adolescente. A partir de los catorce años, según la Sentencia 13-18-CN/21 de la Corte Constitucional, el consentimiento sí es relevante y el fiscal o el juez de adolescentes infractores deben evaluarlo caso por caso antes de sancionar.
¿Qué resolvió exactamente la Corte Constitucional en la Sentencia 13-18-CN/21?
Declaró la constitucionalidad aditiva del art. 175 numeral 5 del COIP. La norma decía que el consentimiento de la víctima menor de dieciocho años es irrelevante en los delitos sexuales. La Corte agregó la frase “excepto en los casos de personas mayores de catorce años que se encuentren en capacidad de consentir en una relación sexual” y fijó parámetros para valorar ese consentimiento.
¿Un adolescente puede ir a la cárcel por un delito sexual?
No a una cárcel de adultos. Los menores de dieciocho años están sometidos al Código de la Niñez y Adolescencia, que prevé medidas socioeducativas. Para delitos con pena superior a diez años, como la violación, la medida es amonestación e internamiento institucional de cuatro a ocho años en un centro de adolescentes infractores, con programas de educación sexual. Los niños menores de doce años no son responsables penalmente en ningún caso.
¿Qué debo hacer si mi hijo o hija adolescente está involucrado en una investigación de este tipo?
Buscar defensa especializada desde el primer momento. El adolescente tiene derecho a ser informado de los motivos de la investigación, a guardar silencio, a un defensor y a que sus representantes legales sean informados de inmediato. La falta de defensor anula lo actuado. Además, el proceso es reservado y está prohibida cualquier difusión que permita identificar al adolescente.
Fuentes citadas
- Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 13-18-CN/21, de 15 de diciembre de 2021 (consulta de constitucionalidad de norma sobre el art. 175 numeral 5 del COIP), jueza ponente Daniela Salazar Marín, con el voto concurrente del juez Ramiro Ávila Santamaría. Publicada en el Registro Oficial Suplemento 268, 28 de enero de 2022.
- Código Orgánico Integral Penal (COIP). Registro Oficial Suplemento 180, 10 de febrero de 2014, texto consolidado con sus reformas. Arts. 38, 167, 170, 171 y 175.
- Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Ley 100, Registro Oficial 737, 3 de enero de 2003, con las reformas del Registro Oficial Suplemento 180, 10 de febrero de 2014. Arts. 4, 305, 306, 307, 311, 312, 313, 317, 330, 334, 342, 343, 345, 371, 378, 379 y 385.
La sentencia citada se consultó en su texto oficial y los párrafos se verificaron uno a uno. Por respeto a la intimidad de los adolescentes involucrados, no se reproducen nombres ni iniciales. Las disposiciones del COIP y del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia corresponden a los textos consolidados vigentes.